El juez federal de Pehuajó, Héctor Andrés Heim, visitó esta mañana los estudios de la 100.5 y se refirió al desarrollo de varias causas que han tomado repercusión publica en los últimos meses, las cuales son impulsadas desde el Juzgado Federal con asiento en nuestra ciudad.

ORDENANZA SOBRE APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

“Al tema hay que separarlo en dos, por un lado, esta la causa penal que esta en trámite en la Fiscalía, que ha delimitado un hecho a investigar por posible afectación a la salud a un grupo de vecinos de Francisco Madero o bien, una posible afectación al ambiente por la aplicación de fitosanitarios. Se han hecho medidas de prueba y hasta el momento no se ha podido establecer si hubo o no una afectación concreta para la salud o el ambiente. Paralelamente el juzgado tomo la decisión, ante un pedido de la Fiscalía, hacer una audiencia publica para escuchar a todo el mundo y a partir de ahí se dicto una medida cautelar, mediante la cual se estableció un criterio para la aplicación de fitosanitarios, que ya estaba en un proyecto de ordenenanza presentado en el HCD de Pehuajó. A su vez se estableció un plazo para la sanción de una ordenanza, ese plazo se agoto y un grupo se concejales pidió una prórroga que se concedió por 60 días. Estamos a la espera de la sanción de la ordenanza, hasta el momento no tenemos novedades, si bien sabemos que los distintos bloques están trabajando. Esperamos que se respeten los plazos que se van achicando. Es real que hay ciertos prejuicios sobre los fitosanitarios, pero también es real que no puede hablarse livianamente sobre que todos son inocuos para la salud. Ahí deber echar luz la investigación penal de la Fiscalía que viene avanzando”, indicó Heim.

MEGACAUSA POR VENTA DE CEREAL EN NEGRO: ALLANAMIENTOS EN DIVERSOS PUNTOS DEL PAIS

“Este proceso se inicio hace dos años, es un hecho de evasión fiscal tributaria. Se llega por casualidad y por el buen tino de un ex funcionario del Municipio de Pehuajó. A ese funcionario, que era el asesor de seguridad Walter Pelle, en donde un grupo de camioneros fueron a exponerle que tenían la dificultad de tener trabados los códigos de trazabilidad de las cartas de porte y si no se los levantaban no podían volver a trabajar. El funcionario entendió que podía tener ribetes delictivos y allí se inicia la investigación penal que comenzó en Junín y luego se traslado al juzgado de Pehuajó. Nos pusimos a trabajar, se tomaron testimoniales, se recopilo información, aunque nos costó mucho que AFIP Regional Junín nos diera la información, recién días pasado tuvimos el cierre de pedidos de informes que nos llevaron dos años. La causa esta con secreto de sumario, pero al incorporarse prueba se detecto que había un tráfico de cereal en negro, en donde se utilizaba información y cartas de porte falsas con datos de personas absolutamente vulnerables. Muchas de esas cartas de porte no se generaban en el país, lo que dimensiona la envergadura de la actividad que desarrollaba ese grupo de personas que involucra a contadores, productores y empresarios que actuaban en distintas jurisdicciones. Llegamos a un punto de la investigación en donde decidimos realizar varios allanamientos en simultaneo con la DDI Trenque Lauquen y Patrulla Rural en varios lugares del país. Fueron 12 en total, se secuestró mucha información y ahora tenemos que empezar a procesarla. Hay un núcleo de personas iniciales que pueden ser imputadas y eso seguramente se puede ir extendiendo a otras. La particularidad que tiene este caso, es que normalmente las evasiones fiscales llegan a conocimiento del tribunal por parte de la AFIP. En este caso, por el trabajo de un funcionario publico del Municipio siempre estuvimos por delante del trabajo de AFIP y, además, nos encontramos con demoras por parte del organismo. La justicia necesita que esos organismos de control funciones adecuadamente y cumplan su función. En la investigación hay sociedades mencionadas de Pehuajó y toda la jurisdicción”

FRENO AL AUMENTO DE PREPAGA

“Se ha elevado mucho la litigiosidad sobre presentación de amparos de salud. Puntualmente este caso atacaba el DNU presidencial que había desregulado la actividad y que establecía que cada prepaga podía establecer el valor de la cuota. En este caso, la ciudadana es de Villegas, una mama con tres hijos a cargo que reclamo porque se le resguarde su derecho a la salud pudiendo pagar la cuota que había fijado la prepaga. Atendiendo la vulnerabilidad que estaba presente en este caso en el derecho a la salud, el juzgado dispuso la suspensión precautoria de esos aumentos fijados por esa prepaga en particular. La prepaga apeló la decisión y la Cámara resolverá. Es un caso que sienta un precedente importante. En todas las jurisdicciones hay mucha actividad en materia de amparos de salud y los ciudadanos, en buena hora, pueden acudir”

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